por Asunción Jiménez Sánchez
La
titular del Juzgado Primero de Distrito en Oaxaca, México, concedió a un ciudadano de
Oaxaca, una sentencia amparo que protegerá a los ríos Salado y Atoyac de la grave
contaminación en la que se encuentran. Es la primera vez que el juicio de amparo es utilizado como instrumento de protección al ambiente.
El
caso fue postulado por el equipo jurídico de Litigio Estratégico Indígena A.C.
dirigido por el abogado Carlos Morales Sánchez.
Luego
de casi dos años de labor jurídica, la sentencia de amparo dictada el 26 de
marzo pasado, viene a generar la
esperanza de salvar a los dos ríos hoy moribundos por la contaminación.
La sentencia ordena a las autoridades federales, estatales y municipales realizar las acciones necesarias coordinadas para tomar medidas
respecto al “vertimiento de aguas residuales de los Ríos Atoyac y Salado que
afectan a la ciudad de Oaxaca y zonas conurbadas e implementar acciones de
conservación restauración y vigilancia del equilibrio ecológico, así como la
protección al medio ambiente”
El
derecho humano a un medio ambiente sano, se lee en la sentencia, “no puede
concebirse solamente como ‘buenos deseos constitucionalizados’ ni como ´poesía
constitucional’ en tanto goza de una verdadera fuerza jurídica que vincula a la
autoridad para asegurar tales condiciones ambientales.” Más claro ni el agua.
Renace
la esperanza de los habitantes del Valle de Oaxaca de ver los ríos Salado y
Atoyac rebosantes de agua limpia y cristalina. Esta esperanza podría hacerse
realidad de la mano de una sentencia del Poder Judicial de la Federación.
Carlos Morales Sánchez, presidente del Comité Directivo de Litigio Estratégico Indígena A.C. manifestó que la sentencia constituye un avance importante en la protección de los derechos ambientales: “ahora los ciudadanos podrán acudir en vía de amparo ante los jueces federales demandando como violación a sus derechos humanos al medio ambiente sano la contaminación de los ríos, playas, lagunas, etcétera. El amparo se vuelve un verdadero instrumento de protección de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales” apuntó.
El Poder Judicial de la Federación aporta una esperanza de protección a los derechos humanos en materia ambiental. Ante la inacción de la Profepa, Conagua, Semarnat, entre otras, el PJF se erige como un órgano protector del medio ambiente. La sentencia tardará en ejecutarse pero dará frutos para las próximas generaciones y mandará un mensaje a las autoridades ambientales.
Ojalá que pronto los ríos recuperen la belleza que alguna vez tuvo y que el precedente se replique se replique en cada lugar de México donde exista un río contaminado.
Existe
esa esperanza porque las sentencias de amparo tienen un alto nivel de
ejecutabilidad. Los jueces federales tienen mecanismos para que las sentencias de amparo se cumplan. Recientemente la SCJN
destituyó a un jefe delegacional de la Ciudad de México por incumplir una
sentencia de amparo. Al tiempo.
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