Por Carlos Morales Sánchez
El corazón le vibraba de orgullo: la asamblea le había conferido
la honrosa tarea de ser el padrino de los cuetes
de las fiestas de Santa Catarina. Pocas veces había abandonado su pueblo,
emocionado tomó sus ahorros y fue a Nochixtlán. Con pausado andar recorrió los
polvorines en busca de los mejores precios. El cabello cano era mal cubierto
por el sombrero de palma. Regresaba con los canastos de cuetes y ruedas
catarinas cuando sopló el viento de la mala suerte: personal del Ejército
revisó el destartalado Dina y se lo llevó detenido.
Lo
entrevisté en las frías celdas de la PJF. Yo recién había ingresado a laborar
como Defensor Público.
Los
separos policiales estaban frente a la bellísima basílica menor de la Soledad
en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca. Don Clemente estaba asombrado.
No entendía porque razón se le acusaba del delito de transporte de artificios
pirotécnicos si en las fiestas de su comunidad se quemaban cuetes y ruedas
catarinas desde que era niño. Nunca había escuchado sobre la existencia de una
ley de armas de fuego y explosivos. Al medio día llegaron los nietos que
pagaron la fianza. Salió y se fue a su casa en las montañas mixtecas.
Aún
no se habían constitucionalizado los acuerdos de San Andrés. En la radio
sonaban los primeros éxitos de la antiquísima Oreja de Van Gogh. La noticia era
que Vicente se había casado con Martita. El derecho de la persona indígena a
que fuera tomada en cuenta su especificidad cultural aún no había sido
constitucionalizado. Ni siquiera había sido inventado el Facebook.
Ante
el MP de la Federación, tomando como base el tímido artículo 4 constitucional,
argumenté la entonces incipiente teoría del ejercicio de un derecho a la
diversidad cultural como causa de exclusión de delito. Mi prueba fundamental
era un informe del INI. El primer estudio del INI sobre la especificidad
cultural fue emitido en respuesta a unas preguntas formuladas por el suscrito.
En
mi solicitud de no ejercicio de la acción penal expliqué que don Clemente,
persona indígena mixteca, estaba autorizado a ejercer su propia cultura, que el
uso de los artificios pirotécnicos en las fiestas forma parte de su cultura, y
que ese ejercicio debería ser protegido por la ley y no criminalizado. De
refilón argumenté, subsidiariamente, la existencia del error de prohibición.
El
Mp no quiso meterse en broncas y emitió un acuerdo en media hoja argumentando que
don Clemente "había cometido un error" y que como era persona de la
tercera edad "había lugar" a decretar su libertad.
Así
empezó este largo periplo por la defensa de los pueblos indígenas. Y no hemos
avanzado mucho.
Hace
algunos días estuve en Campeche en un foro de Litigio Estratégico. Aún existen
dificultades para ejercer el derecho a la autoadscripción. El problema es,
dijo, un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Campeche —con absoluto
desconocimiento de lo que es la discriminación en México—
que los indígenas no se autoadscribían. También falta mucho por hacer respecto
de la consulta libre, previa e informada y respecto del derecho de las personas
indígenas a tener traductor e intérprete. Nos faltan las leyes reglamentarias
del artículo 2o constitucional.
Ante
la inexistencia de delito en el caso de don Clemente, solicité la devolución de
los artificios pirotécnicos. El MP me dijo que la zona militar ya los había
sido destruidos. Ese año no se quemaron cuetes en honor a Santa Catarina. La
fiesta no volvió a ser igual.
