Por Carlos Morales Sánchez
Hace algunos años, cuando laboraba como defensor público
federal, defendí a Xhunaxhi, joven indígena zapoteca, ojo biche herencia de antepasados franceses. Con ella tuve la
oportunidad de empezar a luchar por hacer vigente el derecho de la persona
indígena a utilizar la lengua materna en los procesos judiciales. Ella
estudiaba para maestra en la Normal Superior y tenía dificultad para
comunicarse en castellano. No iba bien en la escuela, para congraciarse con uno
de sus maestros le trajo del Istmo tres docenas de chita bigu. Aquella mañana
de mayo de 2005, el hambre le hizo una mala jugada, ante la falta de dinero
tomó 12 huevos de quelonio marino y los cambió por un queso a un vendedor
ambulante. Se disponía a marcharse cuando llegó la policía. Fue llevada a las
oficinas de la Fiscalía. Al día siguiente, su madre después de empeñar un
terrenito, pagó la fianza fijada por el delito ambiental y Xhunaxhi recobró su
libertad.
“Li, li”, —decía en la oficina de
la defensoría pública federal del Juzgado Octavo de Distrito, desde la
musicalidad del zapoteco antes de su declaración preparatoria— “yo no puedo
hablar bien con juez, no hablo bien castilla, no será posible que tú que mero
eres mi paisano me auxilies con la idioma para que yo me defienda bien”. Pedí
al juez le asignara un traductor pero ella decía mitad en broma mitad en serio:
“ni el traductor, ni la autoridad me entienden, yo quiero la justicia en
zapotecu”. Ahí nació la idea de promover, de hacer escritos en lengua indígena
que visibilizaran que los procesos penales no era coto exclusivo del castellano
sino que era posible promover en cualquiera de los idiomas originarios. Xhunaxhi, Albis Franco y yo nos pusimos a trabajar. Empezamos a escribir y la lengua de
los ancestros se resistía a ser insertada en un papel. La gramática de Velma
Picket era una de las herramientas. Llevábamos más de la mitad del amparo en la
dulce lengua Diidxazá cuando recibimos la noticia de que el tribunal unitario
había acogido nuestro agravio de la ausencia de la conciencia de la
antijuridicidad, revocado el auto de formal prisión, decretado la libertad y
nos quedamos sin acto reclamado. Nunca más volví a ver a Xhunaxhi, espero haya
terminado su carrera y es posible que ahora imparta en zapoteco clases de
educación física a niños indígenas en algún pueblo olvidado de nuestra
geografía oaxaqueña. Un año más tarde, en el turbulento 2006, otra defendida mía
Amelia Castillo Galán, indígena chinanteca suscribiría la primera demanda de
amparo en lengua indígena. Pero esa es otra historia.
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